El desplazamiento interno forzado, es una violación de derechos humanos por que se vulnera a las personas, su libre circulación y a elegir su lugar de residencia. Millones se ven obligados a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia, o para evitar, los efectos de una situación de violencia generalizada, como la que se desprende de los actos de la delincuencia organizada, un conflicto armado o de violaciones a los derechos humanos, pero también estamos presenciando que este fenómeno se da por pobreza, desastres naturales o catástrofes provocadas por el ser humano.
Un desplazamiento forzoso implica la vulneración continua y sostenida de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en muchas ocasiones este fenómeno no conlleva que las personas salgan de su país, a diferencia de lo que ocurre con los refugiados que huyen de sus países y cruzan sus fronteras, la mayor de las veces para poner a salvo sus vidas.
El Informe Anual de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta que el 2020 fue el noveno año de crecimiento ininterrumpido de desplazamientos forzosos. Las cifras de desplazamiento afectan a 82,4 millones de personas por la fuerza en todo el mundo, de las cuales 48 millones de personas son desplazadas internas y de las cuales, estima entre 2018 y 2020, un promedio de entre 290 mil y 340 mil niñas y niños nacieron como personas refugiadas por año.
A pesar de que este problema público fue reconocido por el Gobierno Federal Mexicano, desde 2019 no existen cifras oficiales para documentar y revisar su evolución. Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), revelan que, en 2020, más de 9 mil 700 personas fueron desplazadas por la violencia en México y que en este año se han podido documentar miles de casos en los estados de Michoacán, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas.
Adicionalmente, con suma tristeza e indignación, nos enteramos de los actos de violencia propiciados por la delincuencia organizada ocurridos a inicios de este mes, situación atroz que vivieron las personas que habitaban las comunidades de Sarabia y Ermita de los Correa en Jerez, Zacatecas, lo que llevó a que cerca de 1,500 personas fueran dolorosamente desplazadas de su comunidad. Desde 2010 en Zacatecas, miles de personas han tenido que huir de sus hogares para salvaguardar su vida, diversas comunidades se están quedando sin habitantes y esa ominosa realidad no puede pasar desapercibida.
Esa dolorosa realidad que quedó reflejada en un largometraje de Tatiana Huezo, llamado Noche de Fuego, que presenta la violencia de género y el dominio del narco desde los ojos de una niña: Ana que tiene que esconderse bajo la tierra, vivir en estado de alerta de cualquier ruido en la madrugada y disfrazarse de niño para sobrevivir.
Urgen acciones contundentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno para evitar que sigan ocurriendo estos lamentables actos de violencia en el país y en el estado que propician los desplazamientos masivos internos de personas. Pero también se requiere de la expedición de una ley federal que establezca el marco de actuar de las personas servidoras públicas, políticas públicas de atención y la asignación de recursos públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para atender este creciente problema público en nuestro país para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado, su auxilio en caso inminente y asistencia durante el mismo y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración como lo establecen los 30 Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.