De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha observado un proceso gradual de envejecimiento de la población en nuestro país, entre otras razones debido a que la esperanza de vida ha crecido y se ha incrementado la proporción de las personas adultas y adultas mayores, pues tan sólo la población de 60 años y más pasó de 9.1% en 2010 a 12.0% en 2020. 

En 2018, el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) reportó que 7 de cada 10 personas de 65 años o más recibían ingresos por pensión, jubilación o por programas sociales, sin embargo, la condición de recibirla no fue suficiente para erradicar e incluso paliar la pobreza. Tema donde las mujeres en edad avanzada son más propensas a carecer de pensión por jubilación y a depender de los apoyos vía programas sociales, por lo que ameritan una atención especial.

El mismo CONEVAL reportó que en 2020, la carencia por acceso a los servicios de salud en México se incrementó de 16.7% en 2015 a 21.5% en 2020, situación que pone en un mayor riesgo la salud pública de este grupo poblacional, ya que las personas adultas mayores presentan enfermedades crónico degenerativas acompañadas de la pérdida de capacidades funcionales, emocionales y cognitivas, las cuales limitan sus actividades físicas y les impide en algunos casos a gozar de una vida independiente, además de ser uno de los sectores más vulnerables frente al coronavirus. 

El acceso a una atención médica especializada para las personas adultas mayores se ve limitada adicionalmente porque sólo existen en el país, 742 médicos geriatras con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Geriatría.

En Zacatecas existen 97,000 hombres y 102,000 mujeres adultas mayores. En un Estado como el nuestro, donde la mayor parte de la población han vivido y trabajado en el campo es baja la posibilidad de que cuenten con pensiones y servicios de salud y por lo tanto la dependencia de los apoyos de los programas sociales es alta.

Razón por la cual, el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas que contemplen un sistema de protección social articulado en el que participen varias instituciones para dar respuesta a los problemas que presenta este importante sector de la población mexicana a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos, tal como lo establece nuestra Constitución Política y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Los retos que enfrentamos como sociedad son mayúsculos, considerando la importancia de contar con políticas públicas orientadas a atender en el presente y a futuro, la tendencia en la reducción de la base de la pirámide poblacional, lo que significa el incremento de la proporción de las personas adultas y adultas mayores. 

Si tenemos dicha y suerte, en unos años llegaremos a ser personas adultas, como los que hoy dedicaron su vida a trabajar, representan un factor importante de unión y de apoyo emocional en las familias y también en algunos casos se encargan del cuidado de los menores en los hogares mexicanos. En todos los casos son un pilar fundamental.

 


 
 

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