Hace unas semanas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los Resultados de la medición multidimensional a nivel nacional y por entidad federativa con información nacional de gran preocupación, pues se incrementó la pobreza en 3.6 millones de personas y la pobreza extrema en 2.1 millones de personas en los últimos dos años.
Zacatecas es una de las 13 entidades federativas del país que tuvieron una leve disminución de la situación de pobreza que impactó en 49.6 miles de personas, es decir, lo que representa una mejoría del 3.4%. Sin embargo, se sumaron 5.9 miles de personas más a la pobreza extrema, lo cual es grave, ya que las personas en esta situación presentan al menos 3 de 6 carencias sociales y disponen de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Estos resultados representan un reto adicional para los gobiernos federal y de las entidades federativas, pues deben revisar las políticas públicas, realizar ajustes presupuestales y redirigirlos de forma eficaz, eficiente, transparente y oportunamente.
Asimismo, se requiere trabajar en el mismo sentido por el mismo fin, transparentar las decisiones públicas en nuestro país para mejorar las condiciones de vida y bienestar, garantizar el acceso de oportunidades y el ejercicio de los derechos humanos de la población.
Es momento de repensar la importancia que tienen algunos programas y fondos públicos federales, como el que tenía el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, también llamado Fondo Minero, para los municipios mineros de Zacatecas y que desde las reformas del año pasado a la Ley de Ingresos y de Derechos, se desdibujó su figura y el impacto que representaba en la generación de infraestructura social básica en las comunidades y municipios pobres del estado.
Además de contemplar y considerar el adecuado equilibrio entre la responsabilidad ambiental, la inversión, la producción y el desarrollo económico, para que tanto las compañías mineras como los habitantes de las comunidades se vean beneficiados con la extracción de la riqueza del subsuelo que tienen las localidades de algunos municipios, la mayor parte muy pobres del estado.
Sin duda hay que hacer sinergias desde distintas trincheras para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, donde la fiscalización superior de los recursos públicos es crucial para que las políticas y programas públicos se apliquen y destinen de manera eficaz y eficientemente.