En los primeros días del mes de diciembre de 2021, se ha generado un debate público entre el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otros actores políticos sobre el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2022 en el Estado, que se proyecta será por el orden de los 33 mil 735 millones de pesos, de los cuales se asignarían 550 millones de pesos al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se hace una reducción de 35 millones de pesos respecto del presupuesto asignado para ejercerse en el presente año (2021), esa situación ha generado un estado de preocupación en el Magistrado Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal, porque sobre él recaen facultades y obligaciones de la mayor importancia, entre otras, ordenar se elabore el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial y someterlo a la consideración del Pleno, ejecutar los acuerdos del Pleno relativos al ejercicio del presupuesto de egresos que aprueba la Legislatura del Estado para el Poder Judicial, cumplir los acuerdos del Pleno para ejercer, en forma independiente el presupuesto de egresos, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, vigilar el control del archivo judicial del Estado, así como la conservación de los bienes que constituyen su patrimonio, entre otras tantas que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo del Estado, que representa una reducción del
14.53% respecto del año inmediato anterior, este sólo dato explica la reacción del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, un recorte significativo; pero si se compara lo que esta en el proyecto presupuestado para el Poder Judicial, es decir, 550 millones con lo que originariamente el Pleno solicitó de 660 millones de pesos, los 550 millones planteados en el proyecto representan una reducción del 16.67%; cabe mencionar que el presupuesto proyectado es producto de un análisis de las áreas técnicas administrativas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado que se somete a la consideración y aprobación de las señoras y señores Magistrados y luego se envía al Ejecutivo del Estado para su inclusión en el “Paquete Económico”; también hay que atender a lo expresado por el Presidente del Tribunal, cuando señala que se firmó un acuerdo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Finanzas en donde, se estableció que el presupuesto para el Poder Judicial para el ejercicio del próximo año 2022 sería por la cantidad de 608 millones de pesos, 52 millones menos a la cantidad que se había originariamente solicitado por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; sin embargo, en los documentos que conforman el Paquete Económico para el próximo año, se asignan sólo 550 millones de pesos para el Poder Judicial del Estado. Analizando el monto de lo proyectado como ejercicio de egresos para el próximo 2022 que es por el orden de los 33 mil 735 millones de pesos con relación a los 660 millones de pesos que originariamente autorizó el Pleno como presupuesto, lo solicitado por el Poder Judicial representa el 1.9564% del presupuesto global, pero si se toma en consideración los 608 millones que se pactaron, el porcentaje baja, sería del 1.8022% del total de lo que se va ha gastar, pero si se toma en consideración lo que se estableció en el proyecto presentado ante la Legislatura del Estado, nuevamente el porcentaje baja al 1.6303% del total del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022. Nos parece que la llamada de atención que viene haciendo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia como su representante legal conforme a lo establecido en su Ley Orgánica, se encuentra más que justificado, basta con asistir a varios de los locales de los 73 juzgados con los que cuenta el Poder Judicial del Estado para apreciar sus necesidades y carencias, para constatar cómo los ciudadanos que por una u otra razón acuden a ventilar sus asuntos acompañados de sus abogadas y abogados, reciben una atención que pudiera mejorarse sustancialmente, sólo por mencionar uno de los temas que el Presidente del Tribunal señala como necesidades (equipos informáticos, mantenimiento de edificios, vehículos, atención al Archivo General, etc); me parce que con un porcentaje del 1.6303% de asignación del presupuesto total, no es razonable esperar que la impartición de justicia en el estado de Zacatecas para sus gobernados, pueda logarse de manera pronta, completa e imparcial, con un servicio a los justiciables gratuito. Desde al año de 1985, fecha en la que inicié los estudios de la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y, por tanto, la vida institucional del Poder Judicial la tengo presente, en 36 años, no recuerdo un Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que defendiera tan vehementemente su presupuesto para lograr fortaleza y dignidad en el ejercicio de la función judicial. Valdría que el lector de esta opinión, revisara la investigación publicada con el título “El presupuesto tiene en la tablita a varios poderes judiciales”, autoría de los académicos Laurence Pantin, Alejandra Quezada y Ramiro Suárez, de México Evalúa, publicado el pasado 29 de noviembre de 2021 en la revista Proceso; señalan los investigadores que de acuerdo con la información presupuestal reportada en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021, los poderes judiciales de las 31 entidades que reportaron información, reciben en promedio un presupuesto 18% más bajo que el solicitado, sólo en cuatro poderes judiciales se aprobó la cantidad prevista en el proyecto; en otras cuatro la aprobación superó lo proyectado entre el 7.3% y el 11.7%, y en los 23 restantes el presupuesto aprobado fue inferior al del proyecto. Incluso, en casos como los de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Sonora y Zacatecas el aprobado fue 40% más bajo que el solicitado, con casos extremos como el de Morelos, que acabó con un presupuesto 60% inferior al del proyecto, solo por mencionar alguno de los múltiples datos que se pueden obtener en el estudio, lo que explica el estado de zozobra por el que atraviesan los Poderes Judiciales en todo el país; esto puede llevar a una confrontación entre Poderes y ventilar el conflicto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Arturo Nahle García ha manifestado su convicción de no confrontarse con el Poder Ejecutivo y su deseo que la situación se resuelva a través del entendimiento y armonía entre los Poderes, hacemos votos porque ello suceda.
Federico Carlos Soto Acosta.
Docente Universitario investigador, abogado litigante (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)