Claudia S. Corichi García
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 25 de noviembre, se inician 16 días de activismo con el objetivo de generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres que concluyen el 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.
En este sentido, es que el propósito de este artículo es sumarse a este llamado internacional a poner fin a todas las formas de violencia que se expresan contra las niñas y mujeres en el mundo, considerando estos datos que debemos atender como sociedad mexicana.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las mujeres jóvenes y de edades medias entre 20 y 39 años han sido más expuestas a la violencia de pareja o de cualquier otro agresor, registrando porcentajes entre el 69.6% y 70.8%. La mitad del grupo de mujeres que se ubican en el rango de 18 y 29 años han sido agredidas sexualmente; mientras que las adolescentes de 15 a 17 años presentan niveles altos de violencia sexual (38.6%), emocional (43.3%) y física (28.1%).
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 que coordina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que las mujeres somos más vulnerables a los delitos sexuales, al contabilizarse 8 cometidos a mujeres por cada delito realizado a los hombres, aunque claramente esto no debería sucederle a ningún ser humano.
Por su parte, ONU Mujeres reporta que 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo, representando el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales), lo cual es terrible.
Aunado a ello y derivado del confinamiento por el Covid-19, se estima que en todo mundo se incremente el número de embarazos en niñas y adolescentes. En nuestro país, se espera aproximadamente más de 21,000 embarazos adicionales. Estoy convencida que la mayoría son producto de una violación.
Sí, la violencia sexual deja grandes cicatrices a las víctimas y más cuando ésta se comete contra personas menores de edad, pues se pueden incrementar sus defunciones, embarazos precoces, matrimonios forzados, aislamiento social, deserción escolar, se eleva el riesgo de que experimenten violencia doméstica, discriminación, transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes, marcándolas emocionalmente de por vida, por lo que se hace un llamado urgente no sólo a las autoridades de los tres niveles de gobierno sino también a las madres, padres y personas cuidadoras a visibilizar este delito hacia niñas y adolescentes, que en muchas ocasiones ocurre en entornos aparentemente seguros como el hogar o la escuela. Es momento de decir las cosas como son, parar y castigar a quien atente contra la dignidad de cualquier niña y mujer.