En México, la violencia e inseguridad relacionada con el crimen organizado se ha incrementado en parte, a raíz de la estrategia de militarización implementada desde el sexenio 2006-2012 y continuo en lo sucesivo, la cual lejos de atenuar las conductas violentas de la delincuencia organizada se intensificaron por la disputa del liderazgo en los cárteles de la droga por el control del territorio y de las rutas del tráfico, con efectos adversos que han repercutido en la sociedad en su conjunto conllevando entre otros resultados en numerosas pérdidas de vidas humanas.
El año pasado se registraron en el país aproximadamente 35 mil homicidios dolosos . De acuerdo con la organización de la sociedad civil dedicada a analizar temas de delincuencia organizada y violencia denominada México Unido contra la Delincuencia, en el Estado de Zacatecas los homicidios anuales pasaron de 146 en 2010, en contrast con los 580 homicidios registrados en 2016 que se incrementaron a 1,188 en 2020 ya los 464 homicidios cometidos al mes de abril de este año.
Además, la incidencia delictiva del fuero común en nuestro Estado nos pinta un triste panorama al mes de abril 2021, de acuerdo a cifras del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que revelan 858 lesiones, 3 feminicidios, 135 de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, 130 delitos contra la libertad personal, 280 delitos contra la libertad y seguridad sexual, 3,605 delitos contra el patrimonio, 1,449 delitos contra la familia, 15 delitos contra la sociedad y 1,310 delitos contra otros bienes jurídicos afectados.
La violencia también ha impactado en estos años en la economía y el intercambio comercial tanto a nivel estatal como nacional, lo que se ve reflejado en los diversos trabajadores cualificados que han emigrado del país, en las personas de negocios que han abandonado regiones peligrosas ante las amenazas de secuestro y extorción, en las empresas nacionales y extranjeras que han querido invertir en México y que su decisión se ha visto influida negativamente por la inseguridad y los altos niveles de impunidad.
También hemos presenciado en el contexto de pandemia por el virus del Covid-19, que se ha incrementado la incidencia delictiva contra las mujeres, por ejemplo, en base a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contabiliza que los feminicidios a nivel nacional pasaron de 893 feminicidios en 2018 a 948 en 2020. Lamentablemente, estas cifras son mayores, ya que sólo reflejan los casos denunciados ante el Ministerio Público de las 32 entidades federativas y las llamadas de emergencia al número 911. La cifra real y no denunciada nos debe llamar a la acción.
Es importante que la estrategia del combate a la delincuencia organizada esté orientada a resolver los problemas subyacentes como el desempleo, la desigualdad y la pobreza; a fortalecer la labor de la justicia para evitar la impunidad; y de prevención de la violencia en todos los ámbitos y etapas de las políticas públicas en los gobiernos federal y local, incorporando la perspectiva de género, para que se logre contribuir efectivamente a una disminución de la violencia e inseguridad del país con un impacto positivo para la economía, la integridad y vida de la población. En lo nacional y lo local, las prioridades deben ser poner fin a la violencia en general ya la violencia de género en lo particular.