En los albores del siglo XIX la seguridad represento la defensa del ciudadano frente al Estado y a sus órganos de coacción. Se trataba de la seguridad de las minorías y del individuo frente al poder del Estado. De allí surgieron los derechos individuales y de las mayorías conocidos como derechos humanos.

Sin temor a la equivocación afirmamos que la vida es el valor supremo de todo ser humano, y por tanto el primero y el principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material por parte del Estado. Para que todas y todos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades dentro del conglomerado social es imprescindible una especial protección a su integridad física y patrimonial.

La tutela de estos valores se lleva a cabo a través de actividades de prevención, con las que se busca evitar la realización de ciertas conductas antisociales que el legislador describe como típicas en el ámbito penal, ya que afectan los bienes jurídicos más importantes, donde aunado a esta función de prevención nuestra legislación establece normas complementarias que buscan proteger este valor fundamental contra posibles actos de la autoridad además prohíbe detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, mutilación, marcas, azotes, palos, tormentos y cualquier otras pena inusitada y trascendental.

La seguridad deberá entenderse siempre de manera amplia, abandonando las visiones reduccionistas, y transformándola en una de las variables centrales de toda estrategia de desarrollo acelerado, sostenido y autosustentable, por ello la violencia que provoca la inseguridad constituyen un obstáculo para dicho desarrollo en cualquier latitud, pues amenaza la integridad física y vienes de las personas, además de su calidad de vida, dilapidando recursos, reduciendo la productividad de todas las regiones, desalentando por otro lado la inversión privada y por ende toda vía de desarrollo.

De tal suerte que se hace necesario que la ciudadanía sea parte activa de todas las políticas de prevención y seguridad que el Estado implemente, donde la seguridad se conciba desde un concepto más amplio y positivo, priorice la posibilidad de las personas a vivir en un clima de paz, armonía y tranquilidad, además de contar con los medios económicos, políticos y ambientales para una existencia digna, pues en una sociedad democrática la prioridad es y deberá de seguir siendo la seguridad de los hombres y mujeres que la componen, y esto implica que vivamos sin riesgos y amenazas físicas que pongan en peligro nuestra existencia y condiciones de vida donde tengamos la posibilidad de obtener los ingresos mínimos de sobrevivencia que dignifiquen nuestra existencia, además de salud, educación y por supuesto de seguridad, premisas que no podrán ser posibles sin la coparticipación de todas y todos desde nuestras propias trincheras, contribuyendo con la educación y orientación basadas en valores de nuestros hijos e hijas, todo desde el núcleo familiar, pues todas y todos somos y formamos parte de esta sociedad, y la sustancia más fuerte de esta sociedad es y seguirá siendo la familia.

Diego Varela de León

Libre pensador, amante de la música y del deporte


 
 

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