David Morales Urbaneja

La Haya, (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó hoy una serie de medidas cautelares a Azerbaiyán y Armenia para rebajar la tensión entre ambos países por las consecuencias del conflicto de Nagorno Karabaj, cuyo alto el fuego se firmó en otoño de 2020.

Los magistrados del alto tribunal de la ONU le ordenaron de forma unánime a Azerbaiyán y Armenia “abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o ampliar la disputa ante el tribunal o dificultar su resolución”, dijo la jueza presidenta, Joan Donoghue, en la lectura pública de la decisión.

Los dos países se habían denunciado mutuamente basándose en un tratado firmado por ambos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Armenia había exigido por un lado la liberación de todos los soldados capturados por Azerbaiyán en Nagorno Karabaj y, por otro, la protección de los lugares de culto de los armenios de origen étnico que viven en este territorio.

Los jueces de la CIJ desecharon la excarcelación de las tropas, pero sí le ordenaron a Azerbaiyán, por catorce votos contra uno, “proteger de violencia y lesiones corporales a todas las personas capturadas en relación con el conflicto de 2020 que permanezcan en detención y garantizar su seguridad e igualdad ante la ley”.

Así mismo, por trece votos contra dos, los magistrados decidieron que Bakú tendrá que “prevenir y castigar los actos de vandalismo y profanación que afecten el patrimonio cultural armenio”, lo que incluye iglesias y otros lugares de culto.

Azerbaiyán por su parte había denunciado a la república vecina por colocar presuntamente minas terrestres en Nagorno Karabaj después de noviembre de 2020, cuando se puso fin oficialmente a las hostilidades en la región separatista.

La CIJ, en su decisión, no mencionó expresamente los explosivos y se limitó a ordenar a ambos países “adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la incitación y la promoción del odio racial”.

El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por el enclave separatista de Nagorno Karabaj concluyó oficialmente en otoño de 2020 con unos 10.000 muertos y la victoria de Azerbaiyán, que recuperó gran parte de los territorios controlados por Ereván desde la guerra de 1992-1994.

No obstante, las escaramuzas se siguen sucediendo a día de hoy y aún está pendiente la delimitación de la frontera, un trabajo al que se comprometieron hace dos semanas el líder de Armenia, Nikol Pashinián, y el de Azerbaiyán, Ilham Alíev, en una reunión en Moscú junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Las dos repúblicas se mostraron en los últimos meses dispuestas a comenzar las negociaciones sobre el tratado de paz, aunque Bakú insiste en que Armenia debe reconocer la integridad territorial de Azerbaiyán y renunciar a Nagorno Karabaj.

Ereván por su parte continúa defendiendo el derecho a la autodeterminación de los armenios de Karabaj y afirma que ese asunto debe tratarse al margen de un acuerdo de paz.

La siguiente reunión entre Alíev y Pashinián tendrá lugar el 15 de diciembre en Bruselas gracias a los esfuerzos del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Las negociaciones continuarán en paralelo al litigio en La Haya, pues las medidas cautelares anunciadas hoy son solo el comienzo de una larga batalla judicial que podría durar años.

Armenia denunció a Azerbaiyán por practicar supuestamente “una política de odio contra los armenios patrocinada por el Estado” cuyas víctimas habrían sufrido “discriminación sistémica, asesinatos en masa, tortura y otros abusos”.

Bakú por su parte llevó a Ereván ante la CIJ por “limpieza étnica, eliminación cultural y fomento del odio” contra los azerbaiyanos.

El alto tribunal de la ONU trata litigios entre Estados y la aplicación de sus decisiones, que son inapelables, depende de la voluntad de las partes. EFE

 


 
 

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