MADRID (EFE).- La protección de las víctimas de la dictadura franquista, de la que aún quedan miles de desaparecidos, es el eje del proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado este martes por el Gobierno español, que equipara a España a otros países europeos en esta materia.

La nueva norma, que debe ahora tramitar el Parlamento español, da un paso más en la ley de Memoria Histórica de 2007, con la prohibición de exaltar la sublevación militar de 1936 que acabó con la II República en España, la posterior Guerra Civil y la dictadura durante cuarenta años de Francisco Franco.

El Estado asumirá la exhumación de fosas comunes, que ocho décadas después aún siguen existiendo en España, con esta futura ley que para una parte de la izquierda se queda corta y que la oposición de derechas considera que reabre heridas del pasado.

LAS CLAVES DEL PROYECTO

El proyecto aprobado por el Gobierno de coalición de izquierda que preside el socialista Pedro Sánchez si bien no introduce nuevos delitos, sí penaliza actos que humillen a las víctimas y exalten el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura.

Con sanciones de hasta unos 176,490 dólares que no prevé la actual ley de 2007, que fue aprobada por el Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

 Esa ley permitió la retirada de símbolos franquistas en calles y plazas en España, pero la exhumación de fosas comunes ha sido hasta ahora por iniciativa de la sociedad civil, mientras que con la nueva norma la tendrá que asumir el Estado, además de crear un banco de ADN y un fiscal específico para la búsqueda de los miles de aún desaparecidos.

El ministro español de Presidencia, Félix Bolaños, destacó que la futura ley cumple los cuatro principios fundamentales que postulan organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

No obstante, apuntó que aunque prevé que una Fiscalía del Tribunal Supremo español investigue crímenes del franquismo, además de que serán anulados juicios represivos durante la Guerra Civil y la dictadura, las normas penales no son retroactivas: se busca reparar la memoria de las víctimas más que castigar a los verdugos.

Tampoco prevé una compensación económica a las víctimas, porque desde la recuperación de la democracia en 1978 en España ya se ha indemnizado a más de 600,000 personas con unos 25,399 millones de dólares.

Lo que sí supondrá es una "resignificación" de monumentos de la dictadura como el Valle de los Caídos en Madrid, que aún acoge los restos de miles de represaliados a los que obligaron a trabajos forzados para construirlo y donde durante décadas tuvo un memorial el dictador.

Y que puedan suprimirse fundaciones como una que lleva su nombre y que ensalza su figura, que generan polémicas desde hace años en España.

OPINIONES ENCONTRADAS

Para formaciones de izquierda como la independentista Ezquerra Republicana de Cataluña, que puntualmente ha apoyado al Gobierno, es necesario, sin embargo, ir más allá catorce años de la primera ley en la materia en España.

No devuelve todo el patrimonio a familias represaliadas por el franquismo ni declara "a ese régimen ilegal", con más de 100.000 personas cuyos restos están aún "en las cunetas", advirtió esta formación.

En cambio, el ultraderechista Vox, tercera fuerza en el Congreso o Cámara baja del Parlamento español, anunció que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional de país al entender que persigue "todo aquello que no concuerde con el consenso progre" y busca el "ir amedrentando a quienes tienen una versión distinta de la historia".

"No queremos que los españoles tengan que juzgar a sus abuelos", sentenció este partido.


 
 

POST GALLERY