- La carta enviada por Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez y la ofensiva de Italia para acelerar los centros de retorno fuera del territorio comunitario marcan la cita de este martes, en la que los Veintisiete debatirán su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta
Por: Clara Arias
La respuesta de la Unión Europea a la crisis migratoria de Ceuta empezará a tomar forma este martes en la reunión telemática de los ministros del Interior de los Veintisiete. La cita llega precedida de dos movimientos que reflejan el rumbo que está tomando el debate migratorio en Bruselas tras la llegada irregular de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma: el respaldo expresado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al Gobierno de Pedro Sánchez, acompañado de un llamamiento a reforzar las fronteras exteriores de la Unión, y la ofensiva de Italia para acelerar la implantación del denominado ‘modelo Albania’, basado en la creación de centros de retorno de migrantes en terceros países.
Ambos planteamientos marcarán un encuentro que se celebra después de varios días de tensión entre las capitales europeas, con un intenso intercambio de cartas y reproches por la gestión de la crisis. Mientras una parte de los Estados miembros ha reclamado un endurecimiento de la política migratoria comunitaria e incluso llegó a cuestionar el papel de España en la protección de las fronteras exteriores, Bruselas intenta fijar una posición que combine el respaldo al Gobierno español con la necesidad de reforzar el control fronterizo para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.
En ese contexto se enmarca la carta que Von der Leyen remitió este lunes a Pedro Sánchez. La presidenta de la Comisión Europea comienza reconociendo la actuación de España y Marruecos durante la emergencia migratoria y agradece la rapidez con la que ambos países devolvieron a territorio marroquí a buena parte de las personas que habían cruzado irregularmente la frontera.
“Las autoridades españolas y marroquíes lo han resuelto eficientemente y con éxito, evitando movimientos ilegales posteriores al suelo español en el continente y en Europa”, señala la dirigente alemana, que hace suyo uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo español durante los últimos días para defender la gestión de la crisis.
Von der Leyen sostiene además que, una vez recuperado el control de la situación, “el sistema de retornos ha funcionado”, una circunstancia que, a su juicio, demuestra que la Unión Europea dispone de mecanismos sólidos para proteger tanto la seguridad como la soberanía de sus fronteras. Como respaldo a esa tesis, recuerda que las llegadas irregulares al conjunto de la UE han descendido un 55% en los últimos años y un 37% en lo que va de 2026.
Ese mensaje adquiere especial relevancia después de que países como Italia, Dinamarca o Finlandia llegaran a plantear durante los últimos días la suspensión de España del espacio Schengen tras las imágenes registradas en Ceuta, a pesar de que la ciudad autónoma no forma parte plenamente del área de libre circulación y de que el acceso a la península continúa sometido a controles fronterizos.
Solidaridad con España, pero más presión sobre las fronteras
La carta supone también un cambio de tono respecto a las primeras declaraciones públicas de Von der Leyen sobre la crisis. Después de las críticas recibidas por no haber aludido inicialmente a la solidaridad europea con España, la presidenta de la Comisión cierra ahora su mensaje con un respaldo explícito al Gobierno español. “Como siempre, la solidaridad europea está en el corazón del proyecto europeo. España y su gente pueden contar con el apoyo sostenido de la Comisión y la fuerza de nuestra unión para superar este reto”, afirma en el texto dirigido a Sánchez.
Ese respaldo, sin embargo, convive con un mensaje de mayor firmeza sobre la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la Unión. Von der Leyen recuerda que su protección constituye “una responsabilidad compartida” y advierte de que solo mediante una actuación conjunta podrá preservarse “la integridad del área Schengen”.
La presidenta de la Comisión insiste además en que la Unión Europea no aceptará entradas irregulares ni permitirá que la migración sea utilizada para ejercer presión sobre un Estado miembro. A partir de esa premisa, sostiene que la crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer más para proteger las fronteras en los denominados “puntos críticos”, mediante una mayor vigilancia y recurriendo también a barreras físicas allí donde resulten necesarias.
El planteamiento coincide en buena medida con el discurso defendido días atrás por el primer ministro polaco, Donald Tusk, que puso como ejemplo el sistema fronterizo de su país frente a las presiones migratorias procedentes de Bielorrusia y Rusia. Sin señalar directamente a España, Von der Leyen introduce así la idea de que la crisis de Ceuta obliga también a reforzar los mecanismos de control de las fronteras exteriores.
La dirigente comunitaria evita, por el contrario, atribuir responsabilidades a Marruecos por lo ocurrido. Al contrario, define al país magrebí como “un socio estratégico importante” en la lucha contra el tráfico de personas y la inmigración irregular y recuerda que Bruselas trabaja para estrechar esa cooperación de forma más estructurada.
En la carta también fija las prioridades que, a su juicio, deben guiar la política migratoria europea durante los próximos meses: reforzar la colaboración con terceros países para prevenir la inmigración irregular, fortalecer las fronteras exteriores, aplicar las devoluciones en caliente, intensificar la lucha contra las redes de tráfico de personas y mejorar la política de retornos.
No hace referencia, sin embargo, ni a las regularizaciones masivas de inmigrantes como posible “efecto llamada” ni a la creación de centros para solicitantes de asilo en terceros países, dos cuestiones que sí han ganado peso en el debate impulsado por varios Estados miembros.
Italia quiere acelerar los centros de retorno fuera de la UE
Precisamente esa última propuesta será una de las principales bazas que Italia llevará este martes al Consejo de ministros del Interior. El Gobierno de Giorgia Meloni considera que la crisis de Ceuta refuerza la necesidad de acelerar un cambio de rumbo en la política migratoria europea y defenderá la extensión al conjunto de la UE del denominado ‘modelo Albania’, con centros de retorno situados en terceros países y financiados con fondos comunitarios.
El objetivo del Ejecutivo italiano pasa por cerrar antes de diciembre acuerdos con países terceros que permitan abrir los primeros centros en 2027, un calendario que coincide además con un año electoral en Italia. La iniciativa cuenta con el respaldo de Dinamarca, cuyo Gobierno, encabezado por la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, forma junto a Roma el principal eje impulsor de esta estrategia.
La propuesta llega después de que 22 Estados miembros remitieran el pasado sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que reclamaban un endurecimiento de la política migratoria comunitaria tras la crisis de Ceuta.
En paralelo, varios países europeos mantienen negociaciones con Estados africanos para albergar esos futuros centros de retorno. Ruanda y Uganda figuran entre los socios con los contactos más avanzados, mientras que Dinamarca, Austria, Países Bajos y Alemania participan activamente en esas conversaciones. Grecia también se ha sumado al grupo de gobiernos que aspiran a que el sistema pueda empezar a funcionar en 2027.
La idea que defiende el Ejecutivo de Meloni contempla además que esos centros puedan ser gestionados conjuntamente por dos o más Estados miembros. Entre las opciones que se estudian figura incluso Montenegro, aunque su futura adhesión a la Unión Europea, prevista para 2028, modificaría su condición de tercer país.
Junto a la extensión del ‘modelo Albania’, Italia propondrá reforzar la aplicación del programa GSP+, aprobado este año y que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Este mecanismo vincula determinadas ventajas arancelarias para países en desarrollo a su colaboración efectiva en la readmisión de ciudadanos que permanezcan de forma irregular en territorio europeo.
La posición del Gobierno italiano ha sido respaldada por sus dos vicepresidentes. Matteo Salvini ha defendido la necesidad de actuar “de inmediato” ante la llegada de “decenas de miles de personas” y ha reivindicado que la Liga fue la primera fuerza política en Europa en reclamar la suspensión de Schengen respecto a España y el cierre de las fronteras. Antonio Tajani, por su parte, ha reiterado el compromiso de su Ejecutivo con la lucha contra la inmigración irregular y las mafias del tráfico de personas, aunque ha defendido al mismo tiempo favorecer la inmigración regular mediante acuerdos con los países de origen y tránsito.
Las posiciones del Ejecutivo de Meloni han provocado críticas desde la oposición italiana. El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ha cuestionado la actitud del Gobierno por utilizar la crisis para confrontar con otro Estado miembro, mientras que Matteo Renzi, líder de Italia Viva, ha acusado al Ejecutivo de haber antepuesto una demostración de dureza política cuando, a su juicio, un socio europeo necesitaba la solidaridad del resto de la Unión.