Cada 22 de febrero la Unión Europea marca en su calendario el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una fecha clave para reflexionar sobre la persistente brecha de ingresos entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, que en España se traduce en que las mujeres cobran, de media, 4.300 euros anuales menos que los hombres.
En el ámbito europeo la situación no es menos alarmante. Según datos de la Comisión Europea, las mujeres en la Unión Europea ganan en promedio casi un 13 % menos que los hombres.
Es decir, que por cada euro que ellos ganan, ellas ingresan apenas 0,87 céntimos.
En Estonia, por ejemplo, la brecha salarial es particularmente amplia, con las mujeres ganando un 20,5 % menos que los hombres. Luxemburgo se sitúa en el extremo contrario y ha logrado cerrar esta brecha.
La brecha salarial en España
España se sitúa en una posición intermedia con una brecha salarial del 8,9 %, según Eurostat, un porcentaje que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), basándose en la Encuesta de población activa (EPA), eleva hasta el 18,6%, el mínimo en quince años y dos puntos menos que un año antes.
En cifras absolutas, la brecha salarial supone que el salario medio anual del empleo principal era de 27.642 euros entre los hombres y 23.301 euros entre las mujeres en 2022. Eso supone una diferencia de 4.341 euros.
«Año tras año, las estadísticas muestran que las mujeres siguen ganando menos que los hombres, una desigualdad estructural cuyas causas han de buscarse en un conjunto de factores complejos e interrelacionados«, ha expresado el Gobierno en una declaración universal.
Jornada parcial y trabajos precarios
Detrás de la brecha salarial se encontrarían, de acuerdo al texto, la prevalencia de trabajos más precarios, peor remunerados y no reconocidos, como es el caso del trabajo doméstico; la segregación ocupacional derivada de los estereotipos de género que influyen en la elección de carreras; o el desigual reparto de los cuidados que limita el acceso de las mujeres a trabajos parciales.
Las mujeres son el 75 % de la población asalariada a jornada parcial, en gran parte lo hacen de forma involuntaria y vinculado a las tareas de los cuidados que recaen sobre ellas, destaca un informe de CCOO.
La falta de políticas de conciliación laboral y familiar o la escasa representación de mujeres en puestos de alta dirección, son otras de las causas.
«Las discriminaciones que sufren las mujeres se siguen siendo inadmisibles», reza el texto.
La disparidad salarial se revela de manera llamativa incluso en áreas como las administraciones públicas. Mientras el salario medio de los hombres en este ámbito alcanza los 33.931 euros, las mujeres reciben en promedio 31.268 euros, lo que evidencia una brecha salarial superior al 8 %, según datos del CSIF.
Además, las empleadas públicas tienen el doble de contratos temporales que los hombres y el triple que ellos a jornada parcial.
Todo ello hace que las mujeres coticen menos a lo largo de sus años laborales, agudizando el desequilibrio en las pensiones. A pesar de la mayor revalorización que en los dos últimos años han registrado las pensiones más bajas, percibidas en una gran parte por las mujeres, la brecha de género en las pensiones de jubilación sigue estancada por encima del 21 %, según indican las estadísticas de la Seguridad Social. En el caso de la UE se sitúa en torno al 30 %.
Combatir esta disparidad es fundamental por razones de derechos, productividad, reducción de pobreza y desigualdad, y armonía social, como destaca ONU Mujeres.
Una directiva de la UE sobre transparencia salarial
El Parlamento Europeo ha señalado en varias ocasiones el secretismo salarial como una de las razones de la discriminación retributiva.
Para abordarlo, la Unión Europea aprobó en 2023 la Directiva sobre transparencia salarial, que exige a las empresas divulgar información detallada sobre las disparidades salariales entre hombres y mujeres. Esto permite una mayor visibilidad y rendición de cuentas en relación con las prácticas salariales.
Sin embargo, esta medida solo requiere acción si la brecha supera el 5 %, lo que deja un margen para la inacción en casos de desigualdades más sutiles pero igualmente perjudiciales.
En España, se han implementado diversas medidas para combatir la brecha salarial, como la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007, que establece la obligación para las empresas de más de 50 empleados de implementar planes de igualdad que incluyan auditorías salariales.
Además, el Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres introdujo en 2020 herramientas para abordar la discriminación indirecta en la valoración de los puestos de trabajo.