A lo largo de la última década, en España se han sentado ante la Justicia personalidades variopintas. Cómicos por hacer chistes o raperos por escribir canciones, denunciados por organizaciones ultraderechistas y formaciones políticas como el Partido Popular. También han sido judicializados casos de activistas que pedían acciones contra el cambio climático o de manifestantes a los que acusaban de terrorismo, como fue la Operación Ice. Toda una serie de sucesos que despertaban la indignación popular y malestar en la izquierda, que muchas veces ha sido correspondida por los tribunales al descartar delitos en cualquiera de estas acciones.
Ahora, cambian los agentes y el orden de las denuncias. El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía los hechos ocurridos durante la Nochevieja, cuando la organización ultraderechista Revuelta convocó ante la sede del partido socialista en Ferraz (Madrid) una concentración en la que se golpeó una caricatura de Pedro Sánchez, se profirieron todo tipo de insultos hacia el Gobierno e incluso se retransmitió por YouTube todo el proceso. Una concentración a la que acudieron franquistas declarados, se pidió un golpe de Estado y se criticó a la autoridad.
Infobae ha contactado con abogados especializados en casos de libertad de expresión, letrados que han defendido acusaciones de enaltecimiento del terrorismo para gente que simplemente daba su opinión en Twitter, que han trabajado con clientes denunciados por injurias a la Corona o a los sentimientos religiosos y que han atendido casos de cómicos acusados de delito de odio en sus bromas. Todos, defensores de causas progresistas, concluyen con firmeza: los manifestantes de Ferraz no cometieron ningún delito, ejercían su derecho a la libertad de expresión.