Por: JAVIER NAVASCUÉS / EL CORREO DE ESPAÑA
Antonio García-Berbel, Doctor en Derecho y Abogado desde hace casi 25 años. Fue miembro del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Es Secretario del Instituto Hispano Americano de Derecho Matrimonial y Director del Foro Andaluz de Emprendimento y Liderazgo. Forma parte del Despacho Serrano Abogados, que fundó el Magistrado en situación se servicios especiales, y actualmente diputado en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano Castro. Despacho que en su momento también lideró la defensa de afectados por los graves incidentes de la Madrugada en la Semana Santa sevillana del año 2017.
El comienzo del estado de alarma generó incertidumbre e inquietud a diferentes colectivos, lo que llevó al equipo profesional de Serrano Abogados a constituir en Andalucía la primera Plataforma de Afectados por el COVID-19, con la misión de proteger los derechos de colectivos especialmente vulnerables como personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pymes y autónomos.
¿Cómo nace la iniciativa de esta plataforma?
La Plataforma surge en el despacho de manera natural y espontánea por la gran cantidad de personas y empresas que, ante el descontrol originado por la crisis sanitaria, ya han acudido en busca de asesoramiento y consejo. Es sorprendente la ignorancia jurídica que los propios miembros del Gobierno tienen sobre las competencias administrativas dentro del Estado. Como muestra, sirve un botón. Ya antes de la declaración del estado de alarma, nos preguntaban cómo es posible que el Ministerio de Igualdad sea el encargado de elaborar una ley (la de igualdad sexual) que regula un nuevo tipo de delitos; o cómo es posible que del Ministerio de Trabajo emanaran circulares sobre la incidencia del coronavirus en la sociedad.
Bastaba con leer la prensa, antes de la declaración formal del estado de alarma, para constatar que estábamos ante una situación que podría tener unas consecuencias sin precedentes. El gobierno desoyó informes de la OMS, de la Policía, de sindicatos sanitarios, etc... de los que tenía conocimiento desde el 24 de Enero de 2020.
Una vez declarado el estado de alarma, teníamos la esperanza de que el Gobierno asumiría el control de la situación, sin fisuras y con firmeza, ejecutando un plan previamente analizado y estudiado que garantizara que la limitación de derechos fundamentales estuviera justificada por una solución ordenada y rápida del problema. Nos hemos encontrado con lo contrario. Sufrimos un Gobierno que improvisa, utilizando torticeramente la vía del Decreto Ley para tomar medidas a nuestro juicio inconstitucionales, como el nombramiento del Vicepresidente Iglesias en la Comisión de Control del CNI. Tenemos un Ministro de Sanidad absolutamente superado por las circunstancias, que no provee de herramientas a los médicos, enfermeras y personal de los hospitales. La compra de los test inútiles para detectar el coronavirus ha sido antológica. Y a todo este cúmulo de despropósitos, se une la cruzada del sector comunista del Gobierno, en plena avalancha de contagios, para intervenir los precios de los alquileres de viviendas, en vez de preocuparse de dotar de medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se juegan la vida en su trabajo.
Buena parte de la sociedad, profesionales y empresarios, quedaron atónitos ante los intentos del Gobierno para eludir públicamente su responsabilidad jurídica en la gestión de la crisis. Una vez producidas las negligencias patentes, públicas y notorias, la Ministra de Igualdad, Sra. Montero, trató de justificar en TV la manifestación del 8-M, argumentando que “se hizo lo que dijeron los técnicos”. Como también fue profundamente desafortunada la explicación del Ministro de Sanidad, Sr. Illa, máximo responsable en la crisis, explicando que los test fallidos de detección del virus se compraron “con la homologación CE, que expide la Unión Europea”.
En definitiva, estamos sufriendo un Gobierno que nos ha impuesto unas obligaciones muy duras y gravosas, con consecuencias devastadoras para la economía y el empleo. La sociedad percibe que nuestros gobernantes no han cumplido sus obligaciones básicas con la más elemental diligencia, existiendo indicios de responsabilidad penal por delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. Este es fundamentalmente el origen de la Plataforma de afectados por el COVID-19.
¿Cómo están ayudando a estos damnificados?
Nosotros, por nuestro trabajo, tenemos una visión jurídica del problema, y de las posibles soluciones para cada caso. Ofrecemos lo que buenamente podemos dar, que es el consejo y asesoramiento en cuestiones legales. El personal sanitario, los trabajadores de residencias, los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pymes y autónomos, trabajadores sometidos a ERTE y que han perdido o van a perder su trabajo están muy desprotegidos y desorientados; desorientación que también deriva de las imprevisiones y decisiones contradictorias que adopta un ejecutivo que ente esta crisis sanitaria está dando muestras de su real grado de incompetencia e ineptitud. Estos son, fundamentalmente, los colectivos que pueden acudir a nosotros buscando orientación.
Estamos en unas circunstancias absolutamente novedosas para todos, donde hay que vivir al día y sin saber muy bien a qué atenernos, porque las normas cambian a la velocidad de propagación del contagio. Gracias a la tecnología, y al equipo de trabajo que tenemos, estamos en contacto diario con centenares de personas y colectivos.
Ciertamente hay casos muy duros...
Sí, cada caso, cada familia, cada empresa es un auténtico drama. En España ahora no hay “bienestar” en ninguna parte. No hay derecho a que médicos, enfermeras, auxiliares y personal sanitario estén en riesgo continuo; como tampoco lo hay para que policías, guardias civiles, militares, vigilantes de seguridad que velan por nosotros, se enfrenten a la muerte desprotegidos. Es un verdadero drama que haya autónomos que han trabajado toda la vida, 15 o 16 horas al día, y ahora sean espectadores de su ruina, sin ingresos, y con un Gobierno que les da la espalda; o pymes que tramitan ERTES, con un futuro incierto porque hoy promete el Gobierno unas ayudas, y mañana no saben si las recibirán. Como dramático es que en pleno S.XXI no podamos despedirnos de nuestros seres queridos cuando fallecen.
Hay muchos colectivos afectados...
Toda la población española está afectada. El “malestar” es generalizado. Desconocemos la progresión que tendrá esta crisis, y su impacto real. Como se ha comentado, desde nuestro despacho, en coordinación con otros que están dispuestos en participar en esta iniciativa, estamos en disposición y predisposición de ayudar fundamentalmente a personal sanitario, miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pymes y autónomos, padres desempleados que empiezan a tener serios problemas para abastecer de lo más imprescindible y de primera necesidad a sus familias. Estos colectivos son un porcentaje muy elevado de la sociedad.
¿Confía en que se acabe haciendo justicia?
Este Gobierno da muestras de profunda debilidad, escasa preparación y una pésima calidad en la toma de decisiones. Vamos a exigir responsabilidades por las razones apuntadas. Un Gobierno que impone a los ciudadanos medidas tan duras, limitando o suprimiendo derechos fundamentales, tiene que cumplir también con sus obligaciones y estar a la altura.
Desde un punto de vista jurídico, que es el que nos preocupa, entendemos que este Gobierno ha cometido tal cúmulo de negligencias, que ya estudia para exigir las responsabilidades en el momento oportuno. Confiamos en nuestro Estado de Derecho, que tiene mecanismos para reparar los daños causados por unos gobernantes que no actúan con la diligencia exigible.
Se puede contactar con la Plataforma a través de la web del despacho Serrano Abogados despachoserranoabogados.com, en su correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o en el correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.