La política debería ser, ante todo, un espacio para construir acuerdos, expresar ideas, representar causas y transformar realidades. Un lugar donde las diferencias puedan discutirse con respeto y donde todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas. Sin embargo, para muchas personas, especialmente para las mujeres, participar en la vida pública también implica enfrentar obstáculos que van más allá del debate de las ideas.
Hablar de violencia política no significa cuestionar la existencia de diferencias, desacuerdos o confrontaciones propias de una sociedad democrática. Significa reconocer que existen prácticas que buscan limitar, desacreditar, intimidar o impedir que una persona ejerza plenamente sus derechos políticos.
En ocasiones, estas formas de violencia son evidentes. En otras, se presentan de manera tan cotidiana que terminan normalizándose: comentarios que minimizan las capacidades de una mujer, cuestionamientos sobre su vida personal que nada tienen que ver con sus responsabilidades públicas, descalificaciones basadas en estereotipos de género o intentos de restarle legitimidad a su participación.
Son expresiones que nos invitan a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿estamos construyendo espacios donde todas las personas puedan participar en condiciones de igualdad?
Durante generaciones, las mujeres han recorrido un largo camino para conquistar su derecho a votar, ser votadas, ocupar espacios de decisión y participar activamente en la construcción de la vida pública. Cada avance ha sido resultado de esfuerzos colectivos, de mujeres que abrieron puertas y de una sociedad que, poco a poco, ha comprendido que la democracia necesita de todas las voces.
Pero alcanzar espacios de representación no significa necesariamente que hayan desaparecido las barreras para ejercer el poder y participar en libertad.
La violencia política contra las mujeres en razón de género nos recuerda que la igualdad no se alcanza únicamente con garantizar el acceso a los cargos públicos. También requiere condiciones para ejercerlos con dignidad, autonomía, seguridad y respeto.
Es importante comprender que no toda crítica constituye violencia política. El escrutinio público, la exigencia de resultados y el debate son elementos indispensables de cualquier democracia. La diferencia aparece cuando las expresiones o conductas se sustentan en razones de género y buscan o tienen como resultado menoscabar los derechos políticos de las mujeres.
Reconocer esta distinción es fundamental para fortalecer tanto la libertad de expresión como el derecho de las mujeres a participar plenamente en la vida pública.
También debemos recordar que la violencia política no afecta únicamente a quien la recibe. Sus consecuencias pueden extenderse a otras mujeres que observan lo que significa participar, levantar la voz o aspirar a un espacio de representación. Cuando el ejercicio de los derechos políticos se asocia con humillaciones, amenazas o descalificaciones por razones de género, se corre el riesgo de desalentar nuevas participaciones.
Por eso, hablar de este tema es también hablar de las generaciones que vienen. De las jóvenes que hoy descubren su vocación de servicio, de quienes participan en sus comunidades, de las mujeres que organizan iniciativas sociales y de aquellas que algún día podrían decidir representar a otras personas.
Construir una cultura democrática libre de violencia requiere algo más que leyes e instituciones. Necesita una transformación en nuestra manera de relacionarnos, de debatir y de reconocer la legitimidad de quienes piensan diferente.
Podemos disentir sin descalificar. Podemos cuestionar decisiones sin recurrir a estereotipos. Podemos defender nuestras convicciones sin negar la dignidad de otras personas.
La política también es una expresión de nuestra convivencia social. Por ello, la forma en que participamos en ella refleja los valores que queremos transmitir a las siguientes generaciones.
Hoy tenemos la oportunidad de seguir construyendo una democracia donde ninguna mujer tenga que elegir entre participar y sentirse segura; donde las diferencias sean motivo de diálogo y no de exclusión; y donde el respeto sea una práctica cotidiana, no solamente una aspiración.
Porque una democracia verdaderamente incluyente no se mide únicamente por cuántas mujeres llegan a los espacios de decisión, sino también por las condiciones en las que pueden permanecer, participar y ejercer sus derechos.
Y construir esas condiciones es una responsabilidad que nos corresponde a todas y todos.
María del Carmen Salinas Flores
La violencia política: cuando participar también significa resistir
