Rosa desde hace 10 años comienza su día desde las 5 de la mañana, se traslada durante dos horas aún bajo la crisis sanitaria utiliza el metro y transporte público para llegar a la casa de sus “patrones”, y alistar el desayuno, poner en orden la sala y el comedor. El día de ayer comenzó a sentirse mal, acudió a un centro gratuito a hacerse la prueba COVID-19, desafortunadamente el resultado fue positivo, contagió a sus dos hijas, a su esposo y a su madre. Rosa no cuenta con seguridad social, no tiene contrato laboral de trabajo, así que estos días no contará con pago ni mucho menos con atención médica gratuita.
Este tipo de casos se repiten todos los días, con o sin crisis sanitaria las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado se encuentran dentro de condiciones indignas para ejercer su trabajo, sin embargo, la entrada del Convenio 189 de la OIT el pasado 3 de julio representa una esperanza para garantizar sus derechos laborales mínimos.
Además, el capítulo 23 del T-MEC obliga a los Estados miembros a asegurar condiciones dignas laborales (seguridad social, salario mínimo, no discriminación etc.) para todas las personas dentro del territorio mexicano, en este sentido, si bien el Convenio 189 es el documento específico para asegurar el acceso a los derechos laborales, el T-MEC se convierte en otro instrumento coadyuvante que refuerza la posibilidad para avanzar en esta asignatura pendiente.
Desafortunadamente aun existen retos importantes para asegurar los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, pues la entrada en vigor de ambos convenios no significa de un día a otro las condiciones laborales de todas estas personas mejorarán, se trata de un trabajo paulatino y progresivo.
Ejemplo de esto es el programa para asegurar a las trabajadoras domésticas dentro del IMSS, con el objetivo de garantizar su acceso a los servicios médicos, sobre todo durante esta pandemia, sin embargo, de 15 mil 465 personas con esa ocupación en Zacatecas sólo 497 cuentan con registro dentro de este Instituto.
En este sentido, aún falta mucho por hacer, pues no sólo se trata de acceso a servicios médicos para ellas, sino de la posibilidad de hacerlo extensivo a sus familiares, de contar con un fondo de ahorro para el retiro e incluso de acceder a prestamos personales e hipotecarios que ofrece el Instituto.
Por otro lado, tanto el Convenio 189 como el T-MEC, obligan al Estado Mexicano a poner especial atención en los salarios mínimos, sin embargo, los sueldos de las trabajadoras domésticas dependen de la voluntad de quien los contrata, pues no existe un contrato, de acuerdo con el Informe sobre personas trabajadoras del hogar establece que el 99.2% prestan sus servicios sin contrato.
Además, este tipo de informalidad se ve reflejado en la falta de aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, primas vacacionales, entre otras.
Todos estos derechos laborales aún no forman parte de la realidad de las personas trabajadoras del hogar, parece una realidad alejada que por más que se firmen convenios o tratados internacionales dista de las condiciones que hoy tienen estas personas.
Es indispensable que las acciones del Estado se encaminen a garantizar los derechos laborales de este sector, la creación de programas flexibles para acceder a seguridad social, la posibilidad de establecer contratos colectivos de trabajo en donde se garanticen los derechos laborales mínimos, también todo un proceso de concientización dirigida para las personas que contratan de manera informal estos servicios.
Es por esto que desde el Senado de la República se espera que dentro del próximo periodo ordinario se reforme la ley de seguridad social para poder afiliar a las trabajadoras del hogar de manera obligatoria.
México se encuentra en camino de cambiar historias como las de Rosa, para que todas las personas trabajadoras del hogar cuenten con techos mínimos en sus condiciones laborales, me uno a la lucha para garantizar el acceso a todos los derechos laborales de este sector tan olvidado.