Por Joan Faus y Luis Felipe Castilleja

Barcelona, (Reuters) - El fotógrafo independiente Jordi Saragossa está tan preocupado por el riesgo de contraer COVID-19 en las elecciones regionales de Cataluña del domingo que ha intentado sin éxito que le eximan de la obligación de ser supervisor electoral y dice que demandará si cae enfermo.

Como él, un tercio de las personas sorteadas para ser miembros de mesa han pedido ser eximidos, pese a las garantías de las autoridades catalanas de que se les hará el test de COVID-19 antes de la votación y se les proporcionará equipo de protección personal para usar en los colegios electorales.

"Presentaré una denuncia y diré que yo ya les había dicho y que deben asumir ese coste", advirtió el hombre de 32 años, refiriéndose a las pérdidas de hasta 3.000 euros que prevé en su negocio en caso de contraer el virus.

Su solicitud de no acudir a la mesa electoral fue denegada por la junta electoral porque su justificación de un posible impacto económico no fue considerada como una razón con base legal, dijo.

"Hay un riesgo de contagio porque es evidente que no es nulo a pesar de que (las autoridades) digan que será muy seguro".

Las elecciones de Cataluña se consideran una prueba de fuego para el movimiento separatista de la región. Dos partidos independentistas gobiernan actualmente la región, pero las encuestas están divididas sobre quién podría ganar esta vez.

España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, aunque la media de casos por cada 100.000 habitantes en Cataluña en los últimos 14 días se redujo a 391 el miércoles, por debajo de un pico de más de 620 a mediados de enero.

INDIGNACIÓN Y MIEDO

Bernat Sole, responsable del Gobierno de Cataluña para las elecciones, dijo el miércoles que quería transmitir un "mensaje de tranquilidad y seguridad" respecto a los colegios electorales.

Los miembros de las mesas electorales dispondrán de dos mascarillas FFP2, un escudo facial, guantes y alcohol en gel.

También dispondrán de batas médicas de cuerpo entero en la franja horaria de votación específica recomendada para las personas que tengan la infección de coronavirus confirmada o sospechosa.

Para minimizar los riesgos, cerca de 300.000 personas —de los 5,5 millones de potenciales votantes— han solicitado votar por correo, un 350% más que en las elecciones de 2017.

"No me parecería lo más sensato ir a votar allí (a un colegio electoral)", comentó Omar Tubau, un trabajador de cine de 33 años, mientras votaba en una oficina de correos.

El Gobierno autónomo había previsto trasladar las elecciones al mes de mayo, alegando el aumento del número de infecciones por COVID-19, pero un tribunal anuló la medida, alegando que carecía de fundamento legal.

Octavi Bisquert, de 37 años, gerente de una empresa y diabético, dijo que había sufrido ataques de pánico cuando le dijeron que había sido elegido para supervisar una mesa electoral, antes de que la junta electoral aceptara la petición de su médico para que fuera excluido.

"Me generó crisis de ansiedad, no exageradas, pero sí de miedo y de una indignación terrible", dijo, subrayando que llevaba un año trabajando desde casa y prácticamente sin contacto social.

(Información de Joan Faus, información adicional de Luis Felipe Castilleja; escrito por Joan Faus, editado por Ingrid Melander y Janet Lawrence, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)