En la consolidación de la tradición jurídica de la defensa de los derechos humanos a través de la historia, como factor de equilibrio en el ejercicio del poder público, el papel activo que ha desempeñado la sociedad civil organizada ha sido fundamental, crucial y determinante.

El defensor del pueblo (o el ombudsman, como originalmente se le conoce), es una institución que nace en Suecia en el siglo 18, cuando a iniciativa del Rey Carlos XII se le crea para controlar a los funcionarios de su gobierno en su ausencia.

Sin embargo, el nacimiento formal de la institución se registra propiamente en 1809 cuando la figura del <ombudsman> se reconoce jurídicamente y se incorpora en la Constitución Sueca, en su artículo 96.

En su concepción original, al ombudsman también se le pudo denominar como el defensor del pueblo, comisionado de la justicia, canciller de la justicia y más recientemente como “ombudsperson”, cuya función esencial es proteger a las personas contra los abusos y/o actos arbitrarios cometidos desde el ejercicio del poder público.  

La defensa de los derechos humanos, desde su origen y construcción jurídica moderna en el siglo 18, hasta nuestro tiempo, ha tenido en la participación de la sociedad civil organizada, su principal fuente de realización, la que ha servido además como brújula histórica para orientar las funciones del aparato de Estado y constituirse en factor de equilibrio en el ejercicio del poder público. 

A partir de la aparición del Estado moderno, en el contexto de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, el enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas, aportó a las organizaciones de la sociedad civil un marco referencial desde el cual se han configurado los instrumentos y las prácticas políticas, mediante las cuales se han podido recrear los escenarios para avanzar en mejores horizontes de justicia y bienestar social.

En otras palabras: el desarrollo de las teorías y tradiciones democráticas y jurídicas de los derechos humanos de los últimos tres siglos de historia en la humanidad, no se hubieran consolidado al margen de la determinante participación de la sociedad civil organizada.

En la Revolución Inglesa del siglo XVII, por ejemplo, la manifestación de la sociedad limitó el poder de la Corona sobre sus súbditos, habiéndose proclamado entonces la ley de Hábeas Corpus (1679), que impuso controles, equilibrios y límites a la monarquía absoluta.

La lucha histórica en defensa de los derechos humanos ha puesto en el centro la promoción de la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la felicidad de las personas, como un compromiso ético y moral de la máxima prioridad. Y aquí ha jugado un papel central la sociedad organizada.

Lo anterior quiere decir que las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental en el control ciudadano de las obligaciones del Estado correlativas al cumplimiento de los derechos humanos básicos, así lo afirman todas las teorías constitucionalistas más sólidas en la materia.

Por eso, una de las funciones esenciales de toda Comisión responsable en este ámbito, es el de promover profundos procesos de concientización colectiva, mediante tareas educativas y de formación ciudadana, que enfaticen la importancia de la defensa de los derechos humanos. Y a esa tarea hay que darles énfasis.

Con la participación ciudadana, a través de la evolución histórica de la sociedad, en el impulso de la cultura de los derechos humanos, se han logrado al menos tres cosas fundamentales: 1).-Se derrumbaron las bases de la monarquía absoluta; 2).-se sentaron los pilares de la democracia moderna; y 3).-se ha avanzado en la implementación de políticas de combate a la pobreza y reducción de la desigualdad.

La sociedad civil es una categoría racionalmente socializada por el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, quien hace referencia al mencionar el concepto, a superestructuras sociales al margen e independientes de la influencia del aparato de Estado y apunta algunas de ellas como los sindicatos, iglesias, partidos políticos, organismos empresariales, prensa, organizaciones de intelectuales y padres de familia, entre otras.

El propio Gramsci explica que la sociedad civil tiene entre muchas otras funciones orientar las funciones del Estado, ser factor de equilibrio del poder político, inducir la creación de consensos y marcar horizontes de desarrollo.

Sin un adecuado enfoque de derechos humanos, las sociedades habrán de carecer de una brújula que dé sentido a las políticas del desarrollo de un pueblo.

De ahí que, por ese motivo, es esencial la promoción de la defensa de los derechos humanos y se estimule con ello la participación organizada y decidida de la sociedad civil.

 

LA FORTALEZA DE LA CDHEZ:

 

Por todas estas razones, tenemos que apostarle a que en Zacatecas se cuenta con una Comisión de Derechos Humanos fuerte y sólida. Y en eso está empeñada Maricela Dimas Reveles. Mucho ayudará eso a nuestro Estado, pero también a la administración pública, más aún cuando el gobernador David Monreal empeñado está en impulsar la gran transformación integral de nuestra entidad.