En la memoria colectiva al hablar de seguridad pública inmediatamente nos remite al policía, a los operativos, a los abusos de poder, a los movimientos sociales que marcaron la historia social de nuestro país, es decir la imagen en el colectivo es la de la represión de la violencia a través de las armas y ese es el sentido con el que por mucho tiempo se le ha visto a la seguridad publica en nuestro país. Para el Dr. en Derecho Sergio García Ramírez en sus reflexiones en torno a la seguridad publica desarrollo penal y evolución del delito, asienta que: “Hay seguridad cuando no existen amenazas que socaven, inhiban o supriman los bienes y derechos de cada uno, y se cuente por otra parte con razonables condiciones para el desarrollo de la propia existencia, sin embargo lo que debemos considerar es que no solamente a través de las armas, la policía y la represión, es como obtenemos dicha seguridad.

Sin duda el tema de la seguridad pública es complejo al observarlo desde varios puntos de vista y por supuesto que se vuelve casi inentendible según las concepciones políticas que en el pasado cada gobierno en turno le dieron al tema, pues nunca fueron capaces de trazar una ruta plausible de corto, mediano y largo plazo, lo que invariablemente llevaron el tema al ámbito de la lucha contra las acciones delictivas, es decir en una lucha de “buenos” contra “malos” del bien contra el mal, cual película del santo el enmascarado de plata contra las momias de Guanajuato, lo tradujeron desde su nacimiento en la denominada seguridad pública, con el afán de “garantizar” a los ciudadanos ese clima de paz y tranquilidad tan trillado en su momento por unos cuantos pero tan ausente para una gran mayoría. Y parte del problema de fondo en esas concepciones herradas es que el tema de la seguridad pública se reducía en primer instancia a la represión y la violencia institucional para “combatir” contra la criminalidad y esas concepciones de políticas públicas si es que se les pudiera llamar así no fueron otra cosa más que políticas centralizadas y autoritarias que dejaron del lado aspectos indispensables en el abordaje de la seguridad pública que en nuestro país nació en favor del poder político en turno y no a favor de la ciudadanía.

Según la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHl) concibe a la seguridad ciudadana como: “aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tienen las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales”. Entonces pues y de acuerdo a lo que asienta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHl) la seguridad ciudadana está relacionada a la presencia interrelacionada de múltiples actores, condiciones y factores, entre lo que podemos destacar la historia y la estructura del Estado y la sociedad, las políticas públicas, los programas de cada gobierno, así como la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y el escenario tanto local, regional e internacional. En el mismo sentido y de acuerdo al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) define la seguridad ciudadana como “La preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden traducirse en amenazas a estas.

Entonces pues y de acuerdo a lo anterior es imprescindible transitar de una terracería llena de piedras y baches a una autopista de cinco carriles aunque pudiera parecer utópico pero la concepción deberá darse en razón de una seguridad ciudadana vista como un bien público que debe sustentarse en la tutela efectiva de un amplio espectro de derechos humanos, para lo cual no solo bastaría reducir los índices delictivos, sino sobre todo articular una política integral que ponga en primero lugar las necesidades de las personas. En este sentido y evocando nuevamente al Dr. Sergio García Ramírez quien asume que existen otras posibilidades mucho más alentadoras que la represión y esa visión diferente es la que se toma en cuenta al hablar de la seguridad ciudadana, pues para entender las enormes implicaciones que conlleva transitar de las seguridad pública (centralizada, autoritaria, como función única del gobierno y las instituciones) a la seguridad ciudadana, lo que implicaría sobre todo, redimensionar los derechos e intereses de las personas y la necesidad de garantizar que los estados que se autoproclaman democráticos respeten los derechos fundamentales y la posibilidad de mantener el orden y la paz en las relaciones sociales. Entonces pues sustituir el concepto de seguridad pública por el de seguridad ciudadana representa un tránsito de la visión represiva (penal) de la criminalidad a una visión más abierta e interdisciplinaria del problema, sobre todo en lo relativo a las políticas públicas (criminológicas) de prevención y combate de la criminalidad.